BOLETÍN DE PRENSA – DIRCOM – ARC – 005
Cuenca, 3 de septiembre de 2020

Tras un operativo en Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay, se detuvieron a cuatro personas que realizaban actividades mineras ilegales. Además, se decomisó material mineralizado.

Personal técnico de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales (ARC), junto a efectivos de la Unidad de Investigación de Delitos Mineros de la Policía Nacional, realizaron un operativo en el sector del río Guanache, Camilo Ponce Enríquez, (Azuay). Durante la intervención, efectivos de la Policía Nacional detuvieron a cuatro personas que se encontraban realizando actividades mineras ilegales. Además, se decomisaron dos bultos de material concentrado en una clasificadora tipo z. Al momento del operativo, se encontraron en el frente de explotación ilegal de oro aluvial, dos excavadoras operando y una excavadora inactiva, así como una clasificadora tipo z, una bomba de agua de presión y un generador eléctrico, que eran utilizados para este ilícito. El Art. 57 de la Ley de Minería establece como sanciones a la actividad minera ilegal el decomiso especial, incautación, inmovilización, destrucción, demolición, inutilización o neutralización, según el caso, de “Los bienes, maquinaria, equipos, insumos y vehículos que sean utilizados en actividades ilegales o no autorizadas de explotación, beneficio o procesamiento, fundición, refinación y comercialización clandestina de sustancias minerales”. En este caso, los técnicos de la ARC y miembros de la Policía Nacional fueron impedidos, en su labor, decomisar las excavadoras y equipos utilizados en estas actividades ilegales, por cuanto la comunidad, liderada por el alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, no permitió la movilización de las mismas. Así también, el artículo 20 del Código Integral Penal sanciona con “pena privativa de libertad de 5 a 7 años a quien extraiga, explote, explore, aproveche, transporte, comercialice o movilice recursos mineros sin los permisos requeridos por la ley”. La ARC permanece vigilante para activar acciones que permitan la detección y erradicación de actividades mineras ilegales en beneficio del país.