Este 19 de noviembre de 2020, técnicos de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC), junto a efectivos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, realizaron una inspección en en el recinto Los Ajos, cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, especificamente en el área en la cual, el pasado 18 de noviembre, se suscitó un deslizamiento producto de actividades mineras ilegales, el cual dejó víctimas mortales y daños en la zona.

En el sitio, se observó una reciente explotación minera ilícita de tipo aluvial, por lo cual la ARC colocó sellos de prohibición para realizar estas actividades e inhabilitó una retroescavadora, un motor eléctrico, una clasificadora tipo Z, una bomba de agua, diferentes equipos (planta generadora de luz, canecas de combustible, mangueras, etc.), así como un campamento utilizado para estas acciones informarles.

Según el Art. 57 de la Ley de Minería, la minería ilegal es sacionada con: decomiso especial, incautación, inmovilización, destrucción, demolición, inutilización o neutralización, según el caso, de “Los bienes, maquinaria, equipos, insumos y vehículos que sean utilizados en actividades ilegales o no autorizadas de explotación, beneficio o procesamiento, fundición, refinación y comercialización clandestina de sustancias minerales”.

De enero a octubre de 2020, la ARC ha realizado 229 operativos para combatir la minería ilegal, a través de los cuales ha decomisado 161,33 toneladas de material mineralizado y 63 bienes (maquinarias, equipos, vehículos), así como 47 bienes han sido destruidos o inmovilizados in situ.

La Agencia permanecerá vigilante en todo el Ecuador con el fin de activar las acciones investigativas y de intervención de combate a la minería ilegal en el país. Así también trabaja de manera coordinada con la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (CECMI), la cual está integrada por el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, entre otros; así como con la Fiscalía General del Estado para la ejecución de peritajes e inspecciones que contribuyan al  desarrollo de los procesos judiciales, relacionados con esta actividad ilícita.